Comisión sexta del Senado de Colombia. Foto:prensa del Senado. Portal ERP.
En una audiencia pública con voces del Gobierno, la academia, organizaciones sociales y la comunidad digital, los congresistas discutieron el Proyecto de Ley 220 de 2025, una iniciativa que busca que las entidades públicas migren progresivamente a software libre y código abierto para fortalecer la soberanía tecnológica, reducir costos y garantizar mayor transparencia en el manejo de la información pública.
La senadora Sandra Ramírez, quien lidera esta iniciativa, fue enfática al señalar que la discusión no se puede limitar a cables y códigos; para ella, el trasfondo es mucho más profundo:
“Lo que hoy discutimos no es únicamente un asunto técnico o de infraestructura digital, es un debate sobre libertad, soberanía, conocimiento, autonomía y el futuro de nuestro país, el futuro de nuestra sociedad”, destacó Ramírez.
Además, quiso despejar cualquier duda aclarando que el objetivo no es declararle la guerra al software privado, sino simplemente darle más herramientas y opciones al Estado.
“Se trata de diversificar, de liberar capacidades, de abrir puertas a la innovación nacional. La experiencia internacional nos muestra que el software Libre funciona, genera ahorro público, fortalece la seguridad digital y dinamiza economías tecnológicas locales”, indicó la senadora.
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En esa misma línea, el senador Óscar de Jesús Restrepo lanzó una alerta importante sobre el peligro de dejar el control de la información en manos de unos pocos.
“Nos preocupa, la monopolización de uno de los de los factores más importantes, que es el de las comunicaciones, y que no solamente, se monopolizan, sino que también van concentrando y privatizando un acumulado que tiene la humanidad, que es el de los conocimientos”, dijo Restrepo.
Aterrizando el tema en la realidad práctica, el director de Colnodo, Julián Casasbuenas, recordó que el software libre ya está transformando municipios en todo el país y destacó el enorme alivio financiero que esto representaría.
“El país podría ahorrar millones de dólares que hoy se van en licenciamiento privativo, renovaciones obligatorias y esquemas de dependencia tecnológica. Esos recursos podrían orientarse a conectividad, infraestructura educativa, formación y desarrollo local”, aseguró Casasbuenas.
Por su parte, la intención de trabajar en equipo quedó clara con Luci Urón, directora de Gobierno Digital, quien manifestó el compromiso del Ministerio TIC y propuso articular esfuerzos:
“Poder liderar mesas técnicas con todas estas entidades y poder garantizar que esta promoción que vamos a tener y cómo nos vamos a involucrar a cada una de estas entidades para garantizar el cumplimiento de este proyecto de ley”, dijo Urón.
Finalmente, el respaldo también llegó desde el sector educativo. Jhorman Gutiérrez, delegado del Ministerio de Educación, subrayó que los beneficios trascienden lo económico; se trata de cómo educamos y pensamos: “Este proyecto de ley no es sólo una medida de austeridad, es una medida de independencia cognitiva y justicia educativa”.
