Isidro Velis, director de producto y experto en normativa legal de Cegid.
El anuncio de Hacienda de aplazar hasta octubre de 2028 las obligaciones pendientes asociadas a VeriFactu ha vuelto a situar la digitalización de la facturación en el centro del debate empresarial. La medida busca favorecer la convergencia entre VeriFactu y la futura factura electrónica, simplificando la adaptación de empresas y profesionales a los nuevos requisitos normativos.
Sin embargo, esta convergencia está generando una interpretación que conviene matizar. Se ha extendido la idea de que VeriFactu y la factura electrónica avanzarán ahora con un calendario común para las empresas cuando, en realidad, no es así. Las compañías con una facturación superior a los 8 millones de euros deberán implantar la factura electrónica a partir de octubre de 2027, es decir, en menos de 12 meses. Además, muchas de estas organizaciones no estarán sujetas a VeriFactu al encontrarse ya dentro del ámbito del SII (Suministro Inmediato de Información del IVA). Por tanto, mientras gran parte de la conversación se centra en el aplazamiento de VeriFactu, para una parte importante del tejido empresarial la cuenta atrás de la factura electrónica ya está en marcha.
Aunque ambas iniciativas forman parte del proceso de digitalización de la economía, persiguen objetivos distintos. VeriFactu, impulsado por la Ley Antifraude, busca garantizar la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación. La factura electrónica B2B, impulsada por la Ley Crea y Crece, pretende digitalizar el intercambio de facturas entre empresas y aportar una mayor transparencia sobre todo su ciclo de vida. Esta diferencia es especialmente relevante para las empresas medianas y grandes. Mientras gran parte de la conversación pública gira en torno al calendario de VeriFactu, estas organizaciones deben centrar sus esfuerzos en preparar la transición a un nuevo modelo de intercambio y gestión de facturas. Y probablemente estamos subestimando el alcance de ese cambio.
La factura electrónica no consiste únicamente en sustituir un PDF por un formato estructurado. Supone revisar procesos, integrar sistemas y conectar áreas que tradicionalmente han trabajado de forma independiente. La información asociada a la factura, desde su recepción hasta su aceptación, rechazo o pago, pasa a formar parte de un flujo digital que exige mayor coordinación y trazabilidad. Desde una perspectiva empresarial, esto no debería verse solo como una obligación regulatoria. También representa una oportunidad para automatizar tareas, reducir procesos manuales, mejorar la visibilidad financiera y avanzar hacia modelos de gestión más eficientes.
La tecnología ya permite hacerlo. Hoy existen soluciones capaces de integrarse con los sistemas de gestión existentes y facilitar la adaptación a la factura electrónica sin necesidad de acometer complejos proyectos de sustitución de ERP. Un ejemplo es Cegid Yet, diseñado para cubrir desde una única plataforma los requisitos de la factura electrónica B2B y otras obligaciones de reporting fiscal, integrándose mediante API con los sistemas ya implantados en la organización. De este modo, las empresas pueden centrar sus esfuerzos en lo realmente importante: revisar procesos, mejorar la eficiencia operativa y aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización.
Por eso, más allá del debate sobre los plazos, la cuestión relevante es qué empresas pueden interpretar esta convergencia como una razón para esperar. La dirección regulatoria está clara y la digitalización de la facturación seguirá avanzando. Para las empresas con una facturación superior a los 8 millones de euros, el mensaje también debería serlo: octubre de 2027 está mucho más cerca de lo que parece. Quienes aprovechen estos meses para prepararse no solo llegarán mejor al cumplimiento normativo, sino que estarán en mejores condiciones para obtener los beneficios que la transformación digital puede aportar a su negocio.
