Alejandro Anderlic, director de Asuntos Gubernamentales y Externos para América Latina de Salesforce.
La adopción de la inteligencia artificial (IA) en los gobiernos de América Latina está pasando de una etapa de especulación a una adopción real con impacto no solo en automatizaciones y eficiencia operativa, sino en acciones que impactan directamente a una mejor atención al ciudadano, al menos así lo revela el más reciente estudio de Salesforce: "De la confianza a la transformación: IA para un sector público innovador en América Latina".
Tras un primer índice global que evaluó 16 mercados con una puntuación de 0 a 50 (donde el promedio mundial se situaba en 22.1 puntos y líderes globales como Estados Unidos rondaban los 40), el informe de este año profundizó en las realidades específicas de Latinoamérica, donde se destaca Brasil, México y Argentina, con mención especial hacia Chile y Colombia.
El reporte de Salesforce detecta brechas críticas en ejecución, inversión, innovación y talento dentro de la región, que siguen frenando el avance y adopción de la IA en entornos gubernamentales.
Brasil: Destaca por su liderazgo regional con plataformas consolidadas como INSPIRE y chat.gov.br, que integran más de 50 políticas públicas en la interacción ciudadana. Asimismo, avanza en la interoperabilidad de bases de datos de salud a nivel federal, provincial y local. Cuenta con una agenda de IA responsable llamado Plan PBIA iniciada en 2024 y con mapeo hasta 2028, inclusiva y aplicada de sectores estratégicos. Da como aprendizaje para el resto de los países la importancia de conectar sistemas, datos y capacidades para escalar servicios.
México: Se posiciona en segundo lugar, siendo un ecosistema emergente con alto potencial que podría traducirse en adopción real de IA en sector público, impulsando iniciativas ambiciosas como la supercomputadora Coatlicue, para fortalecer la soberanía tecnológica, la inteligencia artificial y la investigación científica, y programas de formación continua del Gobierno de México. Su principal reto radica en ampliar estas capacidades hacia todos los segmentos de la administración pública y las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Argentina: Muestra un fuerte despliegue federal con plataformas de atención digital como TINA y su evolución MIA en el gobierno federal, respaldado por un estudio de CIPPEC que identifica 23 iniciativas provinciales ya operativas. También destacan herramientas locales como Boti en Buenos Aires, CiDi en Córdoba y Concilia en Mendoza. Como aprendizaje para el resto de los países resalta el replicar estrategias que funcionan y conectar capacidades entre jurisdicciones.
Chile: Se mantiene como pionero en el desarrollo, implementación y regulación de IA, impulsando activamente el proyecto LATAM-GPT a través del CENIA y dotando de agilidad a sus compras públicas.
Colombia: También se destaca en la región debido a su solidez en temas de gobernanza y regulación basada en riesgos a través del documento CONPES 4144, además de contar con programas específicos de formación continua como Talento Tech, Talento Govtech y AvanzaTec.
Sin embargo, el desafío para todos los países sigue siendo el traducir las agendas de innovación con IA en capacidades de adopción sostenida. La tecnología por sí sola no es suficiente si no se alinea con las necesidades reales de los ciudadanos. "Un gobierno puede tener el propósito aspiracional de decir 'voy a adoptar la inteligencia artificial, voy a modernizar el Estado', pero si no le mejora la vida al ciudadano, estamos perdiendo el tiempo. La inteligencia artificial simplemente no va a ser una herramienta para lograr esa finalidad, aseveró Alejandro Anderlic, director de Asuntos Gubernamentales y Externos para América Latina de Salesforce.
Por otro lado, destaca la necesidad de cooperación interjurisdiccional para acelerar los procesos de aprendizaje institucional. "No se trata sólo de compartir mejores prácticas, sino también las peores. El mejor camino para avanzar es la colaboración para avanzar todos más rápido".
Las cinco barreras que frenan la velocidad del Estado
El informe de Salesforce identifica cinco obstáculos principales que impiden que la adopción tecnológica avance al ritmo que el cuidando moderno, cada vez más digitalizado, demanda:
Contratación: Los mecanismos tradicionales de contratación del Estado suelen ser incompatibles con los plazos de prueba, iteración y escalabilidad que exige la IA.
Interoperabilidad: La fragmentación de datos en silos aislados entre agencias federales, provinciales y locales dificulta una visión única y unificada de la gestión pública.
Soberanía: El dilema estratégico entre desarrollar soluciones propietarias desde cero o aprovechar herramientas tecnológicas probadas y disponibles en el mercado internacional.
Talento: La necesidad urgente de capacitar a los funcionarios públicos y superar mitos o temores en torno al uso de la IA como aliada laboral cotidiana.
Confianza: La garantía indispensable de seguridad, privacidad y transparencia para que los ciudadanos y gobiernos confíen plenamente en las herramientas adoptadas.
Para superar estas barreras y medir el éxito de la transformación, la propuesta de Salesforce plantea seis puntos de acción estratégicos:
Fortalecimiento del talento: Capacitar y certificar anualmente a un mayor número de funcionarios públicos en habilidades de inteligencia artificial.
Neutralidad tecnológica: Promover que los Estados contraten la mejor tecnología disponible en cada momento bajo criterios públicos y transparentes.
Casos de uso centrados en el ciudadano: Priorizar proyectos que reduzcan de forma medible los tiempos de resolución de los trámites de mayor volumen.
Modernización de compras públicas: Agilizar los procedimientos legales para pasar de la idea al piloto en cuestión de semanas o meses, y no de años.
Gobernanza basada en riesgos: Implementar regulaciones que evalúen sistemas de alto riesgo sin sofocar la innovación per se.
Interoperabilidad de datos: Conectar las entidades públicas para evitar la duplicidad de requerimientos y optimizar el intercambio de información.
El estudio concluye que la clave para la modernización estatal no radica únicamente en adquirir tecnología de vanguardia, sino en ponerla al servicio directo de las necesidades cotidianas de la población.
