Fermín Lozano, director de la unidad de negocio para pymes, autónomos y asesorías en Cegid España
El tejido empresarial español está a punto de iniciar una de sus transiciones más profundas y, al mismo tiempo, una de las más temidas. La publicación del proyecto de orden ministerial ha convertido la factura electrónica B2B en una realidad con el 1 de octubre de 2026 como la fecha marcada en rojo en el calendario. A partir de ese momento no habrá vuelta atrás y comenzará una transformación inevitable en la forma de hacer negocios en España.
Como ocurre con cualquier cambio regulatorio fiscal y operativo, las reacciones se dividen entre las grandes promesas y expectativas de modernización y las dudas por parte de pequeñas empresas y autónomos, quienes habitualmente se sienten abrumados por la sobrecarga de burocracia digital en su día a día. Sin embargo, afrontar este cambio únicamente como una imposición estatal es un error de perspectiva que puede convertirse en un lastre a largo plazo.
En ese sentido, el Ministerio de Economía ha diseñado un despliegue progresivo que comenzará en octubre, una fecha clave que marcará la entrada en vigor oficial del marco normativo y el inicio del cómputo de todos los plazos legales. Esta primera etapa servirá como un periodo de concienciación y preparación técnica para todo el ecosistema empresarial de cara al gran hito que llegará un año después, en octubre de 2027, cuando la facturación electrónica pasará a ser obligatoria para todas aquellas empresas que cuenten con una facturación anual superior a los ocho millones de euros. Un año después, en 2028, el nuevo sistema se extenderá al resto del tejido empresarial, lo que incluye de manera definitiva a la inmensa mayoría de pequeñas y medianas empresas, microempresas y trabajadores autónomos del país.
A simple vista, puede parecer que estas fechas se vislumbran en un futuro lejano, pero, cuando hablamos de gestión empresarial, adaptación de sistemas y auditoría de procesos, el momento adecuado para actuar comienza en el mismo instante en que se publica la normativa. Porque el reto que supone cumplir con este nuevo requisito legal es precisamente donde radica la oportunidad que puede desencadenar dentro de las propias organizaciones, ya que la implantación de la factura electrónica abre la puerta a corregir gran parte de las ineficiencias que ocurren actualmente a nivel financiero mediante la automatización, la trazabilidad y la integración de datos en todo el ciclo económico.
De hecho, la factura dejará de ser un documento meramente administrativo para convertirse en un activo más de la organización, en un dato trazable y útil en tiempo real. Y esto es precisamente lo que marca el cambio de paradigma en las empresas, porque cuando la información financiera fluye de esa manera, éstas pueden anticipar problemas, reducir tiempos de cobro y, lo más importante, tener una planificación financiera fidedigna con respecto a la actividad que desarrollen.
Por este motivo, es clave contar con un partner tecnológico con experiencia en el mercado y así ayudar a esa pequeña y mediana empresa en esta nueva etapa y ayudarle a que no vea este tipo de cambios normativos como problemáticos sino como una oportunidad de seguir creciendo.
