El Ministerio de Hacienda ha decidido aplazar hasta octubre de 2028 la aplicación de las obligaciones pendientes asociadas a VeriFactu, el sistema derivado de la Ley Antifraude con el que la Agencia Tributaria busca impedir la manipulación de facturas y registros de venta mediante el uso de software de facturación adaptado a nuevos requisitos técnicos.
El cambio supone una nueva modificación del calendario previsto para la adaptación de los sistemas informáticos de facturación. Hasta ahora, las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades debían cumplir con los requisitos establecidos a partir de enero de 2027, mientras que el resto de autónomos y empresas disponían hasta julio de ese mismo año.
La medida permitirá que su entrada en vigor coincida con la futura factura electrónica obligatoria B2B, impulsada por la Ley Crea y Crece, pero solo en el caso de pymes y autónomos. La coincidencia real de plazos no aplica al segmento de medianas y grandes empresas con una cifra de negocios superior a los 8 millones de euros anuales. Para este grupo, la obligación legal de facturación electrónica B2B se mantiene fijada para octubre de 2027, por lo que el anuncio del aplazamiento de Verifactu no modifica sus compromisos de cumplimiento previo.
Tal y como explica el director Legal y de Producto en Cegid España, Isidro Velis: “El anuncio del retraso de Verifactu puede generar una falsa sensación de seguridad: las empresas de más de 8 millones de euros siguen teniendo la obligación de implantar la factura electrónica B2B en octubre de 2027".
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La decisión de Hacienda amplia el margen de adaptación para miles de pymes, autónomos y despachos profesionales que en los últimos meses habían mostrado su preocupación por la complejidad de abordar las transformaciones regulatorias. Para estas organizaciones, supone disponer de más tiempo para revisar procesos internos, actualizar aplicaciones y definir estrategias de cumplimiento.
No obstante, el aplazamiento no modifica el fondo de la reforma. Hacienda ha avanzado que se mantendrán las exigencias de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación, principios que constituyen la base del sistema y que persiguen reforzar el control fiscal y reducir las posibilidades de fraude.
Además, el Ministerio prevé avanzar en una evolución normativa que permita aproximar los requisitos técnicos de VeriFactu y la factura electrónica, con el objetivo de construir un marco más homogéneo para empresas y desarrolladores de software. Esta convergencia también tendrá en cuenta las futuras obligaciones de reporte digital impulsadas por la Unión Europea.
Con este movimiento, Hacienda opta por una implantación más gradual de dos de los cambios más relevantes que afectarán a la facturación empresarial en los próximos años, concentrando ambos procesos en un mismo horizonte temporal y dando, de nuevo, algo más de tiempo al tejido empresarial para prepararse para VeriFactu.
