El próximo 2 de agosto comenzarán a aplicarse las obligaciones de transparencia del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, un hito normativo que afectará a cualquier organización que utilice sistemas de IA. Sin embargo, una parte significativa del tejido empresarial español aún no ha iniciado su adaptación. Según un estudio elaborado por la consultora tecnológica Entelgy, el 31,7 % de los CEOs y directivos de grandes empresas reconoce que no ha implementado ninguna medida para cumplir con la ley.
El informe, basado en una encuesta a 300 directivos de compañías con más de 250 empleados, muestra que la preparación avanza de forma desigual. Entre las empresas que sí han iniciado su adaptación, las medidas más extendidas son la formación de los empleados en el uso responsable de la IA (70,7 %), la creación de comités o responsables de gobernanza (47,3 %) y el establecimiento de políticas internas de uso (33,7 %). Estas acciones se han convertido en la vía más habitual para afrontar la llegada del nuevo marco regulatorio.
En este contexto, Alfredo Zurdo, Head of Digital Change en Entelgy, advierte que muchas compañías están interpretando de forma errónea el nuevo calendario regulatorio. Según explica, existe en el mercado “una falsa sensación de alivio”, porque el retraso de las obligaciones de alto riesgo hasta diciembre de 2027 no afecta a las exigencias inmediatas.
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Zurdo subraya que “el nuevo calendario no detiene las obligaciones de transparencia ni la urgencia de clasificar los sistemas de alto riesgo”, y recuerda que el cumplimiento no se limita a adquirir herramientas tecnológicas, sino que exige una transformación organizativa más profunda. A su juicio, “las empresas deben asimilar que el cumplimiento de la Ley de IA no se soluciona simplemente comprando software con licencias seguras”, sino que requiere criterio propio, políticas claras y acción directa por parte de la alta dirección.
El estudio también señala que dos obligaciones llevan más de un año vigentes y que muchas empresas aún no cumplen. La primera es la alfabetización en IA de las plantillas, obligatoria desde febrero de 2025 para cualquier empresa que utilice sistemas de IA. La segunda es el régimen aplicable a los modelos de propósito general, vigente desde agosto de 2025 y que contempla sanciones de hasta 15 millones de euros o el 3 % de la facturación mundial. A ello se suman las prácticas prohibidas, como el scoring social, la manipulación encubierta o la biometría no autorizada, que pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7 % de la facturación global.
Los expertos de Entelgy alertan además de varios mitos que están generando confusión en los comités de dirección. Entre ellos, la creencia de que es necesario esperar a una normativa local para empezar a cumplir, la idea de que los contratos de privacidad de los proveedores cubren los riesgos legales o la percepción de que los asistentes virtuales básicos no requieren medidas adicionales. El estudio recuerda que, desde el 2 de agosto, cualquier sistema conversacional deberá advertir al usuario de que está interactuando con una IA, independientemente de su nivel de riesgo.
El análisis se realizó entre el 16 de abril y el 12 de mayo de 2026 y recoge la percepción de directivos de empresas que ya utilizan IA o herramientas digitales.
